El otro día, en víspera de Semana Santa, me encontré este titular en eleconomista: no escribí nada inmediatamente porque quería releerla varias veces y mirar la sentencia que menciona, pero, hecho esto, debo decir que ese titular sólo puede generar confusión.

En primer lugar porque los consejeros ejecutivos como tal, son consejeros ejecutivos y no tienen ninguna relación laboral con la empresa, tienen una relación mercantil que es la de consejero ejecutivo. Esto es así antes de la nueva ley, después y siempre lo será por puro concepto, ya que consejero es el que forma parte de un consejo y el adjetivo de ejecutivo sólo pretende distinguir a aquéllos que ejercen funciones en nombre de la empresa de aquéllos otros que no lo hacen y suelen denominarse consejeros pasivos.

En definitiva, no puedes perder lo que no tienes, y los consejeros ejecutivos nunca han tenido condición laboral. Por eso entiendo que, con el máximo respeto tanto al periodista que firma la noticia como a eleconomista, ha habido algún tipo de confusión o mala interpretación de las palabras de José Antonio Sanfulgencio. Por eso, creo conveniente explicar muy sencillamente cuál es el debate o el problema de los consejeros ejecutivos y la relación laboral.

Los consejeros, así como los administradores de las sociedades, que vienen a ser lo mismo a los efectos que aquí nos ocupan, pueden ser personas que simplemente ponen su nombre y acuden a las reuniones estrictamente necesarias para el control de la gestión general de la Compañía, formular cuentas y demás, o pueden ser individuos que desarrollan una serie de funciones para el funcionamiento ordinario de la empresa, básicamente funciones de administración y gerencia de la misma. Estos últimos suelen denominarse consejeros ejecutivos.

Cuando estos consejeros cobran por esas funciones, en muchos casos no lo hacen porque tienen participación en la Compañía y se benefician de los resultados, se genera una zona gris en la que puede plantearse uno si realmente esa relación es mercantil o laboral. Y ahí surgen las innumerables resoluciones judiciales existentes sobre esta materia.

En esas innumerables resoluciones la Jurisprudencia ha venido generando una serie de guías, pero creo que para comprender la diferencia entre una relación laboral y una relación mercantil en el caso de los consejeros lo más fácil es acudir a las funciones que realiza. Si las funciones que realiza son propias de su condición de administrador (administración y gerencia) entonces su relación es mercantil, si hace otro tipo de funciones (participa en la cadena de producción, hace montajes…) entonces puede tener dos relaciones la mercantil derivada de su condición de consejero y la laboral derivada del trabajo que desempeña para la empresa.

Aunque pretendo simplificarlo es un asunto muy complejo pero sobretodo surgen los problemas normalmente con el Director General de la Compañía, y también, en mucha menor medida, con algún otro directivo muy alto en una empresa grande. Estos sujetos normalmente tienen las nota de dependencia muy desvirtuada porque no tienen superiores jerárquicos internos en la empresa y dependen realmente del órgano de administración (consejo, administradores…) En realidad, en estos casos lo que hace el empresario es poner un profesional que haga el trabajo que normalmente haría directamente él si la empresa fuese pequeña.

Si lo entendemos de este modo veremos muy claramente que si esos puestos de tan alto nivel de gestión y control de la sociedad estuviesen ocupados por miembros del consejo, éstos realmente estarían haciendo esa labor como consejeros que son, porque es la labor propia de los consejeros como alter ego del empresario. Por lo tanto, la razón por la que el sujeto hace el trabajo es porque es consejero, luego la relación es mercantil y no laboral.

El otro punto que genera mucha oscuridad en este tipo de cuestiones es el de los grupos de empresas. En este tipo de organizaciones, a veces, en lugar de contratar directivos se crean empresas subsidiarias y se les contrata directamente como consejeros de esas empresas. En realidad hacen el mismo trabajo y dependen de la misma gente que dependerían si no se pusiese esa sociedad por medio. En estos casos, si realmente existe el control total de la actividad por la empresa matriz puede llegar a dudarse de la naturaleza mercantil de esa relación también.

Dicho lo anterior, ante una situación de ese tipo conviene que queden muy claras las circunstancias que caracterizan la relación, y para ello están los contratos suscritos con esas personas que deben ser lo suficientemente concretos. En este sentido sí que puede tener relevancia la nueva ley que ha dado la noticia que comentamos, y es que sí parece que se va a exigir una concreción documental de las labores que hacen los consejeros para las empresas y las retribuciones que tienen. Si realmente esto se lleva a cabo, permitirá ver con mayor claridad cuál es la naturaleza jurídica de la relación, y quizá eso lleve a que los que prestan esos servicios se puedan ver más limitados a la hora de afirmar que esos servicios los prestan en circunstancias de laboralidad porque habrán firmado previamente que son actividades que deben realizar en su condición de consejeros.

En conclusión, los consejeros ejecutivos tendrán ahora más difícil llevar al terreno de la laboralidad sus relaciones porque tendrán un documento donde constará cuánto y por qué cobran cada cantidad, luego al menos una prueba concreta de la intención de las partes existirá, y quizá puedan dársele más lecturas a la normativa nueva pero la que es imposible es la de que los consejeros pierden su condición laboral porque nunca la han tenido.