El pasado 22 de enero de 2015 salió la última de las tres resoluciones del Tribunal Constitucional que analizaban los recursos planteados contra la constitucionalidad de la reforma laboral. Siendo la última, vamos a analizar esta, pero las reflexiones valen para las anteriores en su gran mayoría. En este caso dedicamos el post únicamente al período de prueba del contrato de apoyo a emprendedores, pero intentaremos hacer próximos posts con los otros artículos cuya constitucionalidad se puso en duda.

El precepto es el artículo 4.3 de la Ley 3/2012 (modificada después por Real Decreto pero no en lo que afecta a la duración del período de prueba) que dice:

<<El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones que de él se deriven se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en los convenios colectivos para los contratos por tiempo indefinido, con la única excepción de la duración del periodo de prueba a que se refiere el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, que será de un año en todo caso.>>

En definitiva, se trata de un nuevo tipo de contrato que se rige por las normas del Estatuto de los Trabajadores salvo el artículo 14 que, en lo que se refiere al período de prueba dice:

<<1. Podrá concertarse por escrito un período de prueba, con sujeción a los límites de duración que, en su caso, se establezcan en los convenios colectivos. En defecto de pacto en convenio, la duración del período de prueba no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores.>>

En definitiva, permite un período de prueba de un año, superando el límite máximo establecido hasta entonces en la Ley del Estatuto de los Trabajadores y sustrayendo la posibilidad de limitarlo a los Convenios Colectivos.

El recurso lo que consideraba era que era inconstitucional por varios motivos.

  1. Vulneración del derecho al trabajo reconocido en el artículo 35.1 CE

El planteamiento de los recurrentes consiste en afirmar que tal duración del período de prueba afecta al principio de estabilidad en el empleo y de causalidad de la resolución contractual. Es decir, si no se está con ello liberalizando el despido de facto.

Ante este planteamiento el Tribunal Constitucional resuelve que no es así porque <<es una medida que cuenta con una justificación legitimadora y resulta razonable y proporcionada en atención a los fines perseguidos por el legislador>> Y concreta afirmando que:

- La finalidad es incentivar la contratación indefinida en un marco de crisis económica.

- Está limitada en el tiempo porque sólo se puede utilizar hasta que el desempleo baje por debajo del 15%.

- Sólo se aplica en empresas de reducidas dimensiones

- Los beneficios fiscales y de seguridad social del empleador con el uso de este tipo de contratos se condicionan a la estabilidad del empleo del contratado y el mantenimiento del nivel de empleo de la empresa.

- La medida va acompañada de otras que pretenden atemperar los efectos del período de prueba como la eventual compatibilización del salario con la prestación por desempleo o el mantenimiento del derecho a su percepción a la finalización.

- Superado el período de prueba el contrato es indefinido.

Entiende la Sentencia, por todo lo anterior, que la medida es proporcionada en cuanto que el sacrificio que exige es proporcional a los beneficios individuales y generales que ofrece, y que es necesaria e idónea ante la situación de crisis, ya que permite a los empresarios <<…durante tal período de tiempo no sólo constatar las aptitudes profesionales del trabajador contratado, sino también verificar si el puesto de trabajo que se crea con carácter indefinido resulta viable económicamente>>

Las dudas que surgen en la doctrina y algunos tribunales sobre esta defensa de la constitucionalidad giran básicamente en torno a:

  • Si el contexto económico puede servir como criterio de valoración de la constitucionalidad de la medida.

  • Si realmente se puede llamar contratación indefinida a un contrato que puede ser extinguido en cualquier momento dentro de los primeros doce meses sin derecho a indemnización alguna.

  • Si todos los requisitos y condiciones influyen en algo en que se esté permitiendo la extinción sin causa del contrato de trabajo.

  • Saber dónde está el límite, ya que no argumenta el Tribunal que el límite máximo pueda ser un año sino que quizá si se hubiese hecho con dos años de período de prueba se hubiese resuelto lo mismo, lo que lleva a una cierta incertidumbre a futuro.

  • El nuevo criterio de lo que es un período de prueba, ya que hasta ahora se entendía que el período de prueba servía para saber si el trabajador se adaptaba al trabajo pero ahora parece que también sirve para ver si el puesto creado resulta económicamente viable.

  • Y quizá la más relevante de todas, ¿cuál es el contenido esencial del derecho al trabajo que no se puede superar en relación con la extinción causal de los contratos?

Por otro lado, mi conclusión y mi duda real es por qué motivo no se ha planteado el debate tanto por los recurrentes como por el Tribunal en términos de distinción de lo que supone un período de prueba de 2-6 meses frente a uno de 12 meses. O, mejor dicho, entre un período de prueba que el Convenio Colectivo podía establecer sin limitación legal alguna (salvo la jurisprudencial de que no podía ocultar un contrato temporal sin causa) y un período de prueba de un año. Es decir, la regulación actual en lo único en lo que diverge de la anterior es en la duración del período de prueba, no en su existencia.

  1. Vulneración del artículo 37.1 sobre la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios colectivos.

La duda de constitucionalidad consiste en si la sustracción a los convenios colectivos de la posibilidad de limitar este período de prueba en este tipo de contrato puede considerarse una limitación del derecho a la negociación colectiva.

El Tribunal lo resuelve de forma sencilla afirmando que lo que pretende el legislador con esa limitación a los Convenios Colectivos es impedir que éstos dejen sin efecto a este tipo nuevo de contrato limitando ese período de prueba.

Lógicamente la duda es que ese razonamiento deja abierta la puerta a que cualquier modificación del Estatuto que tenga una finalidad legítima se refuerce con esa sustracción de la materia a la negociación colectiva, de modo que se va reduciendo poco a poco el ámbito de actuación de la misma.

  1. Vulneración del artículo 24 sobre la tutela judicial efectiva

Planteaban los recurrentes que vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva porque impide el control judicial de la extinción, ya que no es necesario ofrecer causa alguna y resuelve el Tribunal que no es así porque cabe el acceso al examen de la extinción si no se ha llevado a cabo la contratación y extinción en los términos legales o es vulneradora de derechos fundamentales.

Cabría añadir también quizá que tiene el mismo acceso a la justicia que un contrato con período de prueba de los que existían hasta el momento.

  1. Vulneración del artículo 14 CE, el Derecho a la igualdad.

El recurso de inconstitucionalidad alegaba que podría ser vulnerador del derecho a la igualdad porque ofrecía un trato peor al trabajador indefinido que al trabajador con contrato temporal y el Tribunal resuelve que no son términos adecuados de comparación, no se pueden comparar contratos temporales con contratos indefinidos y las consecuencias de la resolución de unos y otros.

Y añadimos de nuevo también la reflexión anterior, y es que se vulneraría también el derecho a la igualdad con un período de prueba de 6 meses.

En conclusión, el debate planteado parece dejar un poco de lado el verdadero debate sobre la duración del período de prueba que es la necesidad o no de establecer un límite legal a su duración y dónde debe estar ese límite, pero además han existido otros múltiples disensos y existen juzgados de lo social que vienen admitiendo la improcedencia de despidos extinguidos durante ese período de prueba de un año, incluso se ha planteado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así que intentaremos hacer un nuevo post en próximos días relativo a estos otros debates surgidos sobre la cuesión.